La situación energética actual de España no difiere mucho de otros sectores del país. Es un espejo del conjunto del tejido empresarial, guiado por una fórmula tan sencilla como letal: maximizar beneficios y rédito político por encima de la justicia social. Este modelo económico, depredador y dominado por la especulación, acelera el deterioro medioambiental y concentra el poder económico y político. Una combinación que amenaza a las generaciones futuras y pone en jaque el progreso conseguido en la última década bajo el mismo paradigma liberal.
La crisis energética que atraviesa España no es coyuntural, sino el resultado de años de decisiones cortoplacistas. Se ha priorizado el beneficio financiero frente al bienestar social y ambiental. Y, aunque la tecnología avanza —en 2024, el 56,8 % de la electricidad se generó con fuentes renovables—, el sistema es cada vez más inestable, costoso y excluyente.
1. Diagnóstico de la situación actual
Mix energético y vulnerabilidad
En 2024, las renovables alcanzaron un récord: 148.999 GWh, un 10,3 % más que el año anterior, representando el 56,8 % del mix eléctrico. Sin embargo, el cierre de centrales de gas, carbón y nucleares ha debilitado la “potencia firme” del sistema. La consecuencia más clara: el apagón histórico del 28 de abril de 2025, cuando 15 GW de fotovoltaica se desconectaron en cinco segundos, reduciendo la producción un 60 %.
Precios al alza y alta volatilidad
El precio medio de la luz en 2024 fue de 63,19 €/MWh, apenas un 28,4 % menos que el récord de 2023. Pero la volatilidad fue extrema: desde 13,67 €/MWh en abril hasta 111,23 €/MWh en diciembre. Esta variabilidad encarece las facturas y revela la vulnerabilidad del sistema ante factores climáticos y de mercado.
Persistente dependencia del exterior
A pesar del auge renovable, España sigue importando el 66,8 % de la energía que consume, lejos del objetivo del 50,6 % para 2030 marcado por el PNIEC. Esto mantiene la exposición a riesgos geopolíticos y aumenta la factura energética.
Pobreza energética en aumento
El 17,6 % de la población no puede cubrir necesidades básicas de iluminación o calefacción, y un 20,8 % no logra mantener su hogar caliente en invierno: la tasa más alta de la UE. El modelo actual deja atrás a millones de personas, vulnerando su derecho básico a la energía.
2. Fallos y responsabilidades
El beneficio económico como prioridad
En 2024, las grandes eléctricas batieron récords: Iberdrola obtuvo 5.612 millones de euros (+17 %) y Endesa duplicó su beneficio hasta 1.888 millones (+154 %). El enfoque ha sido claro: rentabilidad y dividendos por encima de un suministro asequible y resiliente.
Falta de propósito social y ambiental
Ni el bono social ni la moratoria de cortes han sido suficientes. El Gobierno solo ejecutó el 21 % del plan contra la pobreza energética. Las empresas siguen sin integrar un propósito que trascienda la rentabilidad y descuidan la protección de los colectivos vulnerables.
Infraestructura descoordinada
Aunque Iberdrola invirtió 17.000 millones en 2024, la red sigue expuesta a fallos. La falta de planificación y coordinación en almacenamiento y redes ha frenado la resiliencia del sistema. Las grandes inversiones se han centrado en mercados exteriores, dejando rezagada la modernización nacional.
3. Hacia una solución con propósito
Redefinir el propósito empresarial
Las empresas deben equilibrar impacto social, ambiental y retorno financiero. Esto implica gobernanza con criterios de justicia energética y evaluar proyectos por su aporte a la comunidad, no solo por su rentabilidad.
Impulsar comunidades energéticas
El autoconsumo colectivo y las cooperativas energéticas permiten democratizar la energía, reducir costes y aumentar la resiliencia local. En el apagón reciente, hogares con baterías y autoconsumo se mantuvieron operativos.
Regulación firme y coherente
El Estado debe establecer un marco regulatorio que premie impactos positivos y penalice la especulación. Reformar el bono social, subvencionar instalaciones limpias en hogares vulnerables y gravar beneficios excesivos son medidas clave.
Inversión en almacenamiento y flexibilidad
Es urgente alcanzar los 22 GW de almacenamiento previstos para 2030. También es crucial fomentar la demanda flexible con incentivos de precios. Estas medidas son esenciales para gestionar la intermitencia renovable.
Transparencia y rendición de cuentas
Las empresas deben publicar informes de impacto con indicadores claros: pobreza energética, emisiones y beneficios sociales. Solo así podrán recuperar la confianza y alinear reputación con responsabilidad.
La transición energética en España exige abandonar el modelo centrado exclusivamente en resultados financieros. Se necesita un propósito claro: garantizar energía limpia, accesible y justa. No basta con sustituir combustibles fósiles. La energía debe ser motor de cohesión social, justicia y sostenibilidad. Sin este cambio de rumbo, seguiremos atrapados en una crisis que castiga con más dureza a los más vulnerables.
Un nuevo modelo económico es imprescindible. Uno que equilibre rendimiento financiero con impacto social y ambiental. Así construiremos una sociedad más justa, con una clase media fuerte, menos vulnerabilidad y una distribución del capital más equitativa, sin renunciar a la meritocracia y al esfuerzo.